La provincia de Buenos Aires confía en una rápida "revisión, renegociación o rescisión, si fuera necesario", de varios contratos de obras de bienes y servicios públicos, por varios miles de millones de pesos. 

El proceso será simultáneo a la redefinición planteada en el sector eléctrico y comenzará tan pronto como la Legislatura bonaerense apruebe posiblemente en los próximos días el proyecto de declaración de la emergencia social, económica, productiva y energética de la provincia.

El capítulo I de la iniciativa abarca la prestación de servicios y ejecución de contratos a cargo del sector público bonaerense "en los tres poderes y para todas sus dependencias". 

Fuentes de la Gobernación precisaron, a título de ejemplo, que la gestión anterior dejó "4.400 viviendas paralizadas por un monto de $ 1.200 millones, mientras restan certificar o pagar obras en ejecución por $ 2.000 millones". 

Por otra parte, en obras públicas vinculadas con la Dirección de Arquitectura de la provincia, se contabilizan 40 obras paradas por $ 250 millones y 136 con retrasos en su ejecución por $ 1.950 millones. 

La situación es similar en el caso de Vialidad: las nuevas autoridades de Buenos Aires contabilizaron "25 obras retrasadas con un monto a certificar por $ 411 millones, 23 paralizadas por $ 2.265 millones, dos obras sin iniciar y 18 licitadas pero sin ejecutar desde 2018", precisaron los voceros bonaerenses.

Agregaron, asimismo, que en materia de infraestructura hidráulica "hay 66 obras en ejecución con demoras, 12 paralizadas y 11 rescindidas". 

Todo eso, indicaron los funcionarios de La Plata, merece una inmediata revisión y renegociación de contratos, "a fin de impulsar esas inversiones en áreas sociales y productivas y optimizar el uso de los recursos públicos".