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Chile promulga una ley de “ingreso mínimo garantizado” para paliar los efectos de la crisis

Forbes Digital

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03 Abril de 2020 13.09

Cerca de 670.000 trabajadores recibirán este subsidio de hasta 59.200 pesos (70 dólares) para llegar a los 300.000 de bolsillo, con un costo fiscal de cerca de 200 millones de dólares para este año.

El presidente de Chile, Sebastián Piñera, promulgó la ley de ingreso mínimo garantizado, que crea un subsidio que permitirá aumentar el sueldo mínimo a 300.000 pesos chilenos de bolsillo (352 dólares) a partir de mayo de este año.

La creación del subsidio que asegura el mínimo de bolsillo fue promulgada en medio de la crisis sanitaria por la pandemia del coronavirus, que en Chile registra más de 3.400 contagios y 18 muertes. En total, 670.000 trabajadores recibirán este subsidio de hasta 59.200 pesos (70 dólares) para llegar a los 300.000 de bolsillo, con un costo fiscal de cerca de 200 millones de dólares para este año.

"Es un importante aporte para los trabajadores de nuestro país, especialmente para los más vulnerables, que son una preocupación especial de nuestro gobierno", dijo el presidente en el acto de firma de la nueva ley, ocasión en la que estuvo acompañado por los ministros de Hacienda, Ignacio Briones; Trabajo y Previsión Social, Maria José Zaldíva; y Desarrollo Social, Sebastián Sichel.

Agenda social

Esta medida, que estuvo cinco meses en el Congreso, es parte de la agenda social del gobierno en respuesta al estallido social del pasado 18 de octubre, que derivó en cientos de manifestaciones y diversos reclamos sociales, económicos y políticos.

El ingreso mínimo garantizado se suma a las leyes promulgadas para contrarrestar las consecuencias económicas por la pandemia, como la de protección del empleo, el bono Covid-19 y el acuerdo con las empresas de servicios básicos para que no haya cortes por deudas ocasionadas en estos meses de crisis.

"Estamos pasando por tiempos difíciles. Y este mes de abril representará probablemente el mayor desafío sanitario que haya enfrentado nuestro país en su historia. En consecuencia, estoy seguro que todos los chilenos actuaremos con unidad, disciplina y generosidad, juntos y unidos superaremos esta crisis", cerró el presidente.

Suspensiones y seguros de cesantía

Mientras tanto, Santiago continúa surcada por extensas filas de personas que buscan acceder a los seguros de cesantía habilitados luego que Piñera promulgara ayer la ley que permite suspensiones temporales de la relación laboral mientras dure la crisis sanitaria por el coronavirus.

A pesar de los protocolos para evitar los contagios y la difusión de los medios virtuales para inscribirse, cientos de trabajadores se presentan en las oficinas de las AFC para hacer el trámite para acceder al seguro de cesantía, que les permitirá cobrar el 70% del sueldo el primer mes, el 55% el segundo y 45% el tercero.

Contagios e impacto sanitario

El ministro de Salud, Jaime Mañalich, precisó que durante las últimas 24 horas se registraron "dos nuevos fallecidos, uno en la Región Metropolitana y otro en la región de La Araucanía, en ambos casos adultos mayores con enfermedades crónicas", al tiempo que se registraron 373 nuevos casos de contagios, lo que suma en total 3.404 enfermos.

El ministro también informó que 200 pacientes permanecen hospitalizados, 168 con asistencia respiratoria, mientras que 355 enfermos se recuperaron de la infección y se vienen realizando unos 3.000 testeos diarios de PCR para detectar el virus.

La autoridad sanitaria informó que se decretó cuarentena total para todas las residencias de adultos mayores del país, tanto las públicas como las privadas, por lo que sólo ingresarán trabajadores y bajo controles sanitarios muy estrictos.

Sobre el anuncio de un aumento en promedio del 4,5% de todos los planes de las isapres (prestadoras privadas de salud), Piñera anunció que se postergará hasta noviembre. "Es un alivio para muchos chilenos, una muy buena noticia", señaló el mandatario tras una reunión con el ministro de Salud y ejecutivos del sector.

Desde el 18 de marzo, Chile vive un estado de excepción constitucional de catástrofe por 90 días, decretado por el presidente debido a la crisis sanitaria desatada por la pandemia del coronavirus, sumado a una crisis social que se vive desde octubre de 2019.

La emergencia sanitaria llevó a posponer hasta octubre el plebiscito sobre si es necesario elaborar una nueva Constitución, uno de los reclamos surgidos del estallido social vivido en el país el año pasado.

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