Del dinero no se habla

16 de Noviembre de 2016 - Julia Pomares

 


Apple invierte anualmente 300 millones en promocionar el iPhone. Pero la monumental cifra se empequeñece cuando la comparamos con los gastos de la campaña electoral en Estados Unidos. Para la elección presidencial, se estima que Hillary Clinton y Donald Trump gastaron en sus campañas, en conjunto, entre US$ 2.000 y 3.000 millones. El candidato republicano lo puso mayormente de su bolsillo y la demócrata, de distintos aportantes privados (ambos renunciaron a los fondos públicos para no tener que atenerse a los topes). ¿Y en la Argentina? ¿Cuánto cuestan las campañas electorales y cómo afecta la desconocida ruta del dinero a la ética de los negocios y de la política?

La ley nacional obliga a las arcas públicas a destinar fondos a las agrupaciones políticas que compitan en la elección y también permite aportes privados. En la elección presidencial de 2015, el Estado destinó $ 340 millones a financiar las campañas de los candidatos. A este monto, hay que sumar lo que otorga para imprimir boletas y los espacios de publicidad en radio y televisión. Hubo también aportes privados: $ 96 millones para las seis fórmulas presidenciales. Es decir, los privados invirtieron, en total, menos de US$ 10 millones entre todos los candidatos a presidente.

Ser presidente argentino cuesta mucho menos que promocionar un iPhone. Pero, ¿de verdad cuesta eso? Difícil saberlo. En nuestro país, el dinero en la política tiene tres particularidades.

La primera es su opacidad. La comparación con Apple es engañosa, porque los gastos declarados estuvieron muy por debajo de lo que se cree fue efectivamente gastado. Algunos estiman que la campaña presidencial de los principales candidatos costó $ 1.000 millones. Pero el tope por la ley alcanza $ 250 millones, y ninguna fórmula presidencial estuvo cerca de reportar gastos por ese monto.

Es cierto que, en muchos países, existen gastos “en negro” en las campañas, pero la particularidad argentina es que los recursos en la política se reciben y se gastan de modo completamente informal. Aún existiendo la posibilidad de realizar transacciones bancarias, casi la totalidad de los ingresos declarados durante las elecciones de 2015 fueron en efectivo. El dinero en efectivo impide rastrear su origen y, por lo tanto, qué influencia puede tener ese aportante en el gobierno. No sólo le hace más difícil a la ciudadanía saber quién financia a su candidato, sino que, además, facilita que ese dinero provenga de fondos ilícitos. Fomenta, además, la corrupción; es menos probable que el aporte llegue “intacto” al partido político.

La segunda es que gran parte de los fondos provienen de arcas públicas, pero son recursos estatales utilizados para fines proselitistas. no son fondos distribuidos proporcionalmente a cada partido, sino que provienen de un uso discrecional que solo beneficia a los oficialismos y que casi no tiene restricciones ni sanciones.

La tercera particularidad es la falta de cualquier consecuencia negativa para los partidos y los aportantes por violar la ley: el mayor costo en que incurre un partido político que viola la norma es una multa. Según el índice de Global Integrity, Argentina es uno de los países donde mayor es la brecha entre la ley de financiamiento de campañas y la práctica.

Salir de esta situación requiere un cambio legislativo (que, entre otras medidas, limite el efectivo, permita que las personas jurídicas puedan aportar y facilite el monitoreo en línea de las donaciones) y, sobre todo, un cambio de equilibrio: pasar de una situación de completa informalidad al progresivo sinceramiento de cuánta plata destinamos a la política. Para ello, la oferta tiene un rol central en relación a la demanda. Quienes aportan a las campañas pueden promover este cambio comprometiéndose, por ejemplo, a bancarizar sus aportes.

Mejorar el clima de negocios en Argentina requiere que hablemos del dinero en la política. Tanto como hablamos del lanzamiento del iPhone (aunque la campaña sea menos costosa).

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