En un contexto de pérdidas en la última cosecha y problemas en la ganadería, el rumor sobre la suspensión de la baja en las retenciones a la soja agravó la preocupación de productores y entidades agrarias. Presión impositiva e infraestructura, los desafíos para un sector que necesita crecer.

Más allá del comportamiento de la demanda interna, las condiciones internacionales y los virajes de la política nacional, el campo tiene que sortear un factor que es vital para su negocio, y que casi no complica a otras industrias: el clima. En ese aspecto, el año pasado la sequía, los incendios y las inundaciones generaron muchos problemas para la siembra y la cosecha de los principales cultivos del agro. También la ganadería se vio afectada por las inclemencias climáticas. Y pese a que se recurre cada vez más a sofisticadas tecnologías de pronósticos y monitoreo, hay fenómenos con graves consecuencias productivas.

El arranque de 2018 no fue la excepción: falta de lluvia prolongada en grandes áreas (media Pampa Húmeda estuvo seca), tormentas severas e inundaciones en otras zonas, más miles de hectáreas bajo fuego. Los cultivos de verano estuvieron en alto riesgo en los primeros dos meses del año: tanto la soja como el maíz sintieron el déficit hídrico y las elevadas temperaturas, más allá de los lotes quemados. El ministro Luis Miguel Etchevehere la calificó como “la peor sequía en 50 años”.

Las precipitaciones aisladas y escasas no fueron un alivio y, al igual que en la campaña pasada, en la Sociedad Rural “pronosticaron” pérdidas por casi US$ 6.000 millones en exportaciones de la cosecha gruesa. Esa merma surge de tomar los precios FOB a cosecha actuales de las exportaciones de granos del ciclo 2017/18, que sumarán poco más de US$ 24.050 millones. A causa de las inundaciones y los incendios se le sugirió al titular de Agroindustria, expresidente de esa entidad, declarar la emergencia agropecuaria en La Pampa, Mendoza y Chaco, que sumaron casi 400.000 hectáreas con focos ígneos. La más afectada por la sequía, Entre Ríos, ya la tiene declarada y el monitoreo es permanente en Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires. Desde la SRA estiman que la presente campaña terminará con una producción 20% inferior con relación a la anterior. “La merma en granos será del 21% -dice su actual presidente, Daniel Pelegrina-, mientras el año pasado se alcanzaron las 125 millones de toneladas de cereales y oleaginosas, ahora proyectamos que al finalizar habrá 99 millones”.

Algo más optimista, el Ministerio de Agroindustria estimó la caída en 24 millones de toneladas, desde las 135 millones de 2016/17 a las 111 millones en la actual, lo que implica una baja del 18%. Sin embargo, la cartera agropecuaria puntualiza que la cosecha de soja será la peor en una década, con 37,6 millones de toneladas y una baja interanual del 31,6%. Las lluvias de marzo y abril fueron un alivio para el calor pero no llegaron a compensar los meses sin precipitaciones que soportaron los cultivos y la hacienda.

Con una cosecha final de 42 millones de toneladas sobre una superficie sembrada de 8,8 millones de hectáreas, en el maíz la baja interanual fue del 15,2%. Encima, hay una fuerte presión interna sobre la mazorca potenciada este año por la necesidad de suplementar la dieta de los animales a causa de la seca que afecta a las pasturas. “En un ciclo donde se esperaba que la Argentina suministre de 2 a 3 millones de toneladas más al mundo que el año pasado, la disponibilidad de oferta no permitiría ni siquiera repetir la performance exportadora de la campaña comercial anterior”, sostiene el informativo bursátil. Esta merma, aún con 300.000 hectáreas más de área sembrada, repercutió en el acto en el mercado y los ofrecimientos por maíz temprano subieron. El disponible superó los $ 3.640/ton y la posición mayo superó los US$ 152. En tanto el trigo en el mercado de futuros ya cotiza a US$ 252/ton, el precio del contrato con entrega en enero de 2019 rozó los US$ 189/ton y las últimas lluvias dieron una esperanza a los productores que apostarán fuerte a la siembra del cereal. “Frente a esa situación el área destinada al cereal alcanzaría las 5.900.000 hectáreas durante la campaña 2018/19, una expansión del 3,5% frente a un escenario de mejora climática que recomponga la humedad en los perfiles para el comienzo de la siembra”, indican desde la Bolsa de Cereales porteña.

El girasol e mantiene porque el régimen de lluvias en el norte se está cumpliendo y así se espera llegar al objetivo de levantar 3,6 millones de toneladas. Pese a todo, la inversión sigue en ascenso. El año pasado aumentaron casi el 50% las ventas de fertilizantes nitrogenados, fosforados, potásicos y para la presente campaña agrícola se estima llegar a un nuevo récord de 4 millones de toneladas de consumo de estos productos. El sector también volvió a apostar a cambiar las maquinarias con un boom de ventas de cosechadoras, tractores y sembradoras, nacionales e importadas.

La industria láctea, desde los tambos hasta las usinas, tras dos años de caída en la producción y malas condiciones climáticas (con inundaciones en las cuencas), están buscando la forma de sostener un negocio que a nivel local todavía luce complicado. “Los grandes tambos llevan un año con rentabilidad (los que procesan más de 10.000 litros por día) pero los pymes continúan con pérdidas”, aseguran en el Observatorio de la Cadena Láctea. Mejoró la relación precio de insumos/leche cruda y el tipo de cambio, aunque la reestructuración de la cooperativa Sancor, la falta de competitividad, la menor demanda, la caída del 25% en las ventas al exterior y el mal estado de los caminos rurales para movilizar el fluido siguen afectando al sector.

Bife con arroz

Entre la coyuntura y las proyecciones, chacareros y ganaderos tienen por delante un año con buenas perspectivas. Un dato que inauguró las buenas noticias del año fue el anuncio de China, que aprobó el protocolo sanitario y autorizó el ingreso de carne vacuna y ovina argentina a su mercado. Es una decisión inédita en los últimos 15 años, que implicó intensas gestiones diplomáticas en las que el embajador Diego Guelar tuvo mucho que ver. El gigante asiático tiene previsto importar 400.000 toneladas de carne enfriada y con hueso argentina este año. En 2017 recibió cerca de 100.000 toneladas por US$ 400 millones y pasó a ser el principal destino de la carne argentina enviada al exterior, seguida de lejos por Chile (25.000 ton) y Alemania (20.000 ton). El próximo gran objetivo de los exportadores locales es Japón, un mercado donde cada año crece la demanda de carne vacuna. Sólo con estos pedidos en firme, la cadena lograría colocar su saldo exportable anual.

También hay datos positivos fronteras adentro, con la creciente recuperación del stock de ganado bovino, que ya supera las 55 millones de cabezas y que para 2020 podría volver a las 60 millones de cabezas existentes cuando estalló la crisis del campo por la resolución 125. En este punto, sobre todo en la principal provincia productora, se realizan mesas sectoriales, otorgan créditos del Banco Provincia y del plan Mejor Ganadería BA (para productores no bancarizados), con el objetivo de que los productores retengan vientres y lleguen a incrementar el peso de faena.

El año pasado, todos los indicadores fueron positivos: creció la faena, la producción, el consumo interno y las ventas al exterior. Un estudio de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina indica que la provincia de Buenos Aires es la principal productora de carnes del país, seguida por Córdoba y Santa Fe. En particular, en el ámbito bonaerense las cadenas bovina, porcina y aviar aportan US$ 11.964 millones a la economía nacional.

Distorsiones

Las asignaturas pendientes que reclaman desde el sector son casi las mismas desde hace años. Algunas modificaciones, al menos hasta ahora, venían a su favor pero otras son históricas y su solución demandará años. Ahora que se sembraron dudas sobre la continuidad de la baja mensual del 0.5% en la alícuota de derecho de exportación a la soja y subproductos y e incluso no se descartó restituir gravámenes al maíz, en contexto general parece más preocupante.

En cuanto a la presión impositiva, el índice FADA de diciembre de 2017 estima que la participación del Estado en la renta agrícola promedia el 66,2%, entre los cuatro principales cultivos. Sin contar el reciente aumento del impuesto inmobiliario rural: se escuchan trinos en el campo y no son los horneros.

Pero hay otras demandas más específicas y con alto impacto en las actividades productivas, como la logística, más precisamente la infraestructura, que implica caminos, rutas, puentes, puertos, trenes, vías navegables. Un ejemplo es mejor que mil argumentos: transportar en camión 1.000 kilómetros sale US$ 65, mientras que exportar a China que está a 20.000 kilómetros cuesta US$ 39. Más del 85% de la cosecha agrícola del país se mueve en camión y el 82% de los caminos de la Argentina son de tierra. Es decir, no sólo el flete por tierra es caro, además los caminos están hechos polvo, literalmente.

Otro reclamo, muy escuchado entre los pequeños productores, es la distorsión de precios que experimentan los alimentos desde que salen de la tranquera hasta la góndola de los supermercados. Para que el consumo repunte hay que ayudarlo con precios cuidados y coherentes, y eso es algo que al negocio de la intermediación parece no preocuparle. La suma de costos entre las dos puntas de la cadena infla el precio final de tal manera que perjudica al consumidor y no beneficia al productor primario.

Según un relevamiento de la CAME, además “las economías regionales no mejoran sus expectativas porque siguen afectadas por la suba en dólares de los insumos, el constante aumento de la energía, los altos costos laborales y la fuerte presión fiscal”. Otra muestra del gap: para comprar un kilo de pan hacen falta 12,7 kilos de trigo, como mínimo. Algo similar ocurre con la mayoría de los productos, desde las carnes hasta las frutas y verduras. Por eso el boom de público en los distribuidores mayoristas y el mercado central frente a las grandes superficies.